Mensaje 002
Comunicación de la Comisión - TRIS/(2020) 03207
Directiva (UE) 2015/1535
Traducción del mensaje 001
Notificación: 2020/0544/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003207.ES)
1. MSG 002 IND 2020 0544 A ES 02-09-2020 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at
4. 2020/0544/A - SERV60
5. Proyecto de Ley federal sobre medidas para proteger a los usuarios en plataformas de comunicación (Ley sobre plataformas de comunicación - KoPl-G)
6. Proveedores de plataformas de comunicación.
Las plataformas de comunicación en el sentido de esta Ley son los servicios de la sociedad de la información cuya finalidad principal o función esencial consiste en permitir el intercambio de mensajes o presentaciones con contenido intelectual en palabras, escritura, sonido o imágenes entre usuarios con un grupo mayor de personas, mediante la difusión masiva. Los proveedores de plataformas de comunicación no se verán afectados por las obligaciones de esta Ley federal si el número de usuarios registrados no supera los 100 000 y si el volumen de negocios obtenido por la operación de la plataforma de comunicación no supera los 500 000 EUR. Además, quedan explícitamente excluidos de las obligaciones de esta Ley los proveedores de plataformas para la mediación de bienes y servicios, enciclopedias en línea sin fines de lucro y empresas de medios de comunicación que ponen a disposición plataformas de comunicación en relación directa con sus ofertas de carácter periodístico.
7. -
8. La Ley federal sobre medidas para proteger a los usuarios en plataformas de comunicación [Ley sobre plataformas de comunicación (KoPl-G, por su versión en alemán)] prevé obligaciones organizativas para las grandes plataformas de comunicación, a fin de lograr un manejo eficaz y transparente de determinados contenidos ilegales. Por «contenido ilegal» en el sentido de esta Ley se entenderá aquel que corresponde a uno de los elementos constitutivos del delito especificados en el artículo 2, punto 6, y no está justificado.
El proyecto establece las siguientes obligaciones para los proveedores:
En las plataformas deberá ponerse a disposición un procedimiento eficaz y transparente para notificar contenido ilegal que garantice, entre otros aspectos, que los usuarios puedan notificar el contenido de manera fácil y permanente, que el contenido se compruebe rápidamente y, cuando sea necesario, se bloquee o elimine (en el caso de los contenidos obviamente ilegales, es decir, contenidos punibles, en un plazo de 24 horas; en el caso de otros contenidos ilegales, es decir, contenidos punibles, en un plazo de siete días), que se informe a los usuarios afectados de la decisión de la plataforma sobre la eliminación o el bloqueo, y que el contenido eliminado o bloqueado, así como los datos necesarios para identificar al autor, se guarden durante diez semanas con fines probatorios, incluso con fines de acción penal (véase el artículo 3, apartados 1 a 3).
Asimismo, deberá proporcionarse un procedimiento de verificación, mediante el cual el usuario que presenta una notificación, así como el usuario cuyo contenido se ha bloqueado o eliminado, puedan solicitar una revisión de la decisión sobre un bloqueo o una eliminación (o la falta de estas medidas) por parte de la plataforma (véase el artículo 3, apartado 4).
Los proveedores de plataformas de comunicación deberán informar sobre su gestión de notificaciones de contenido ilegal en un informe anual, y, en el caso de las plataformas de comunicación con más de un millón de usuarios registrados, trimestralmente (véase el artículo 4).
Para garantizar la posibilidad de contacto (incluida una dirección postal), los proveedores deberán designar a un representante responsable para asegurar la responsabilidad (véase el artículo 5).
La autoridad de supervisión deberá imponer una multa a un proveedor, en función de la gravedad de la infracción de la ley, si se verifica la infracción sistemática de alguna de las obligaciones creadas por la presente Ley (véase el artículo 10). No obstante, el proyecto establece que primero deberá emitirse una orden de mejora antes de iniciar un procedimiento para imponer una multa (véase el artículo 9). Podrá imponerse una multa a un representante responsable si este no se asegura de que pueda ser contactado o no cumple el deber de diligencia esperado para garantizar que se respete la obligación de establecer un proceso de notificación y comprobación, así como la obligación de notificación.
9. El principal motivo de la concepción del presente proyecto de Ley es el desarrollo preocupante de que el internet y las redes sociales, además de las ventajas que traen consigo estas nuevas tecnologías y canales de comunicación, también han establecido una nueva forma de violencia y se ha detectado un aumento del odio en la red, en forma de insultos y humillaciones, información falsa e incluso amenazas de violencia y muerte. Los ataques se basan predominantemente en motivos racistas, xenófobos, misóginos y homófobos. Se requiere una estrategia integral y un paquete de medidas que abarquen desde la prevención hasta las sanciones. Esta estrategia se basa en los dos pilares de la responsabilidad de la plataforma y la protección de las víctimas, y el presente proyecto de Ley se refiere a la garantía de la responsabilidad de la plataforma.
En muchos casos, los proveedores de plataformas de comunicación no cumplen de manera satisfactoria la obligación existente de proceder inmediatamente a la eliminación del contenido ilegal o al bloqueo del acceso a este si se detecta un contenido ilegal. Asimismo, por lo general, las plataformas solo comprueban el contenido notificado por los usuarios en función de sus propias directrices comunitarias y no sobre la base de los elementos constitutivos del delito nacionales. Por lo tanto, los afectados a menudo se ven obligados a emprender acciones legales para conseguir la eliminación de contenido. Por ello, es importante que las plataformas de comunicación sean mucho más responsables que antes. Dado que se trata de un desafío transfronterizo, la mejor solución es una regulación eficaz a escala europea. En su resolución del Consejo de Ministros de 9 de julio de 2020, el Gobierno federal acogió con satisfacción la presentación de una norma sobre servicios digitales («Digital Services Act»), anunciada por la Comisión Europea para finales de año. Puesto que este proceso de consulta en curso y, en particular, el correspondiente procedimiento legislativo a escala europea, todavía tardará algún tiempo en concluirse, resulta pertinente —sobre la base de la experiencia de las iniciativas legislativas alemana y francesa— adoptar medidas legales, lo antes posible, para una mayor transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas de las plataformas.
La urgencia de la cuestión requiere la implantación de medidas nacionales inmediatas. Hasta que se solucione el déficit normativo a escala europea, se creará una ley sobre medidas para proteger a los usuarios en plataformas de comunicación para combatir eficazmente el odio en internet, con el objetivo de remediar la situación a través de la obligación legal de las plataformas de establecer un sistema de gestión de notificaciones para tratar los contenidos ilegales. Además, existe la obligación de designar a un representante responsable para garantizar la responsabilidad (incluida una dirección postal). A fin de incrementar la base de información sobre las actividades de las plataformas en este ámbito sensible y poder evaluar las medidas, el proyecto también contiene la obligación de presentar un informe periódico sobre la gestión de contenidos ilegales. Unas medidas menos restrictivas serían menos eficaces con respecto a la situación de riesgo actual, el nivel deseado de protección contra los contenidos punibles en las plataformas de comunicación y la implementación de la supervisión del cumplimiento de los requisitos. Las medidas se basan en el ejemplo de otros Estados miembros (Alemania y Francia) para los que la Comisión Europea no ha planteado ninguna objeción formal que hubiera llevado a la ampliación del período de «statu quo».
10. No existen textos de base.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sí
16. Acuerdo OTC
No. El proyecto no constituye una reglamentación técnica ni una evaluación de la conformidad.
Acuerdo MSF
No. El proyecto no constituye una medida de política sanitaria ni fitosanitaria.
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Comisión Europea
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