Mensaje 001
Comunicación de la Comisión - TRIS/(2026) 2704
Directiva (UE) 2015/1535
Notificación: 2026/0522/PT
Notificación de un proyecto de texto de un Estado miembro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262704.ES
1. MSG 001 IND 2026 0522 PT ES 28-09-2026 PT NOTIF
2. Portugal
3A. Ministério da Economia e da Coesão Territorial
Instituto Português da Qualidade, I.P.
Rua António Gião, n.º 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Correio eletrónico: not1535@ipq.pt
Website: www.ipq.pt
3B. Assembleia da República (apresentado por Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata na Assembleia da República, em 02.02.2026).
4. 2026/0522/PT - SERV60 - Servicios de internet
5. Proyecto de Ley 398/XVII/1ª por la que se establecen medidas para la protección de la infancia en los entornos digitales
6. El proyecto establece medidas de protección en línea para los menores (de 13 a 15 años, ambos inclusive) que residen en Portugal. Se aplicará a determinados prestadores de servicios que ofrezcan servicios que tengan un impacto negativo en el desarrollo físico o mental de estos menores.
7.
8. El proyecto de Ley n.º 398/XVII/1a tiene por objeto establecer medidas para la protección de los menores de hasta quince años en entornos digitales. Esto se aplicará a: a) las plataformas de redes sociales, las plataformas de apuestas y juegos en línea, los servicios para compartir imágenes y vídeos, los servicios de alojamiento de contenidos y las aplicaciones de comunicación; b) los prestadores de servicios y contenidos sujetos a restricciones de edad, en particular los contenidos de carácter violento, adictivo o sexual, así como cualquier otro contenido que pueda perjudicar el desarrollo físico o mental de los menores; c) los prestadores de servicios de tiendas de aplicaciones y cualquier servicio de intermediación en línea cuya naturaleza, características o contenido puedan perjudicar el desarrollo físico o mental de los menores.
El régimen se aplicará a esos prestadores de servicios cuando pongan los servicios a disposición de los menores residentes en Portugal.
Quedan excluidos de la aplicación de la Ley propuesta: a) los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, tal como se definen en la Ley de comunicaciones electrónicas; b) las aplicaciones y los juegos en línea de carácter informativo o educativo diseñados específicamente para menores; c) las plataformas y aplicaciones en línea destinadas exclusivamente a difundir contenidos de interés público manifiesto, en particular en los ámbitos de la educación y la salud.
Tal como se establece en la exposición de motivos que acompaña al propio proyecto de Ley, se propone aumentar la edad mínima de consentimiento de los menores en relación con la protección de datos y su acceso a plataformas y servicios. Se imponen obligaciones a los prestadores de servicios afectados, concretamente la de implantar mecanismos (con requisitos específicos) para la verificación de la edad y la de garantizar que las plataformas y los servicios estén configurados de forma segura por defecto. Asimismo, se introducen disposiciones para prevenir la adicción digital y para combatir la captación de menores en internet y la violencia digital contra los menores.
Además, se designan expresamente las autoridades competentes encargadas de supervisar e imponer sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el proyecto de Ley.
9. En las dos últimas décadas se ha producido una profunda transformación en las formas en que los menores y los jóvenes socializan, se comunican y desarrollan su sentido de identidad. El auge de las redes sociales, que se ha producido a un ritmo sin precedentes en la historia, ha desplazado silenciosamente funciones que durante siglos habían sido competencia exclusiva de la familia, la escuela y la comunidad. Este cambio se produjo de forma repentina, sin preparación institucional, sin una regulación adecuada y sin una plena conciencia de los costes psicológicos, educativos, sociales y culturales que conllevaba.
El conjunto de pruebas científicas demuestra inequívocamente que el uso temprano y continuado de las redes sociales ha tenido efectos adversos significativos en la salud mental y emocional de los menores. Entre estos efectos se encuentran el aumento de la ansiedad, la depresión, las autolesiones, los trastornos del sueño y las conductas adictivas.
También se producen efectos negativos en la concentración, el rendimiento académico y la resiliencia cognitiva, así como el aislamiento y las dificultades para relacionarse con los compañeros de clase, los padres, los profesores y la comunidad en general (todos ellos aspectos esenciales para el pleno desarrollo de la personalidad de los menores).
La exposición a contenidos inadecuados, la vulnerabilidad al acoso y al ciberacoso, la manipulación emocional y la captación de menores por parte de terceros hostiles se han convertido en una realidad cotidiana en el mundo digital.
Por lo tanto, es fundamental establecer normas aplicables a los prestadores de servicios en línea, con el fin de proteger a los menores y los jóvenes, permitiéndoles navegar por el mundo digital con libertad y seguridad y dotándoles de la capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre sus actividades en línea, sin comportamientos adictivos, maximizando al mismo tiempo los beneficios y minimizando los riesgos para su bienestar mental y social.
El proyecto de Ley tiene por objeto subsanar una laguna normativa que ha permitido a las plataformas digitales (gestionadas por empresas multinacionales cuya prioridad no ha sido la protección de sus usuarios) establecer de forma unilateral normas que afectan profundamente al desarrollo cognitivo y emocional de los menores, sobre todo cuando la exposición a dichas plataformas se produce a una edad temprana y de forma excesiva.
A medida que evolucionan las tecnologías digitales, las normas, directrices y mecanismos de la UE deben ser sólidos, estar preparados para el futuro y aplicarse de manera efectiva, a fin de garantizar un alto nivel de protección de los menores en el entorno en línea.
Por lo tanto, es coherente con este marco protector que la Ley establezca una edad mínima clara y adecuada para el acceso de los menores a los entornos digitales, un espacio que hoy en día plantea mayores riesgos que otras actividades tradicionalmente reguladas.
El presente proyecto se inscribe en el ámbito de las medidas reguladoras de las que disponen los Estados miembros en relación con cuestiones no cubiertas por la armonización plena establecida por el Reglamento (UE) 2022/2065, así como, de conformidad con lo dispuesto en su considerando 9, en el ámbito de la legislación nacional aplicable a los prestadores de servicios intermediarios que, de conformidad con el Derecho de la Unión, persiga objetivos legítimos de interés público distintos de los que persigue específicamente dicho Reglamento, concretamente en el ámbito de la mejora de la protección de los menores en los entornos digitales, sin perjuicio del cumplimiento del Derecho de la Unión y de la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información.
9 bis. El proyecto persigue el objetivo de proteger la salud, la seguridad y el desarrollo integral de los menores frente a los riesgos específicos asociados al acceso temprano a determinados servicios digitales y a su uso.
La existencia y la importancia de estos riesgos están respaldadas por evidencia científica e institucional. El estudio «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC) [Comportamientos que afectan a la salud de los menores en edad escolar], que abarca a unos 280 000 menores y jóvenes de 11, 13 y 15 años de 44 países y regiones, detectó indicios de un uso problemático de las redes sociales en el 11 % de los adolescentes, con una mayor incidencia entre las chicas (13 % frente al 9 %), así como un riesgo de ludopatía digital en el 12 % de los adolescentes. La UNESCO también destaca los riesgos asociados con la comparación social, la imagen corporal, el ciberacoso y la exposición a contenidos promovidos por los sistemas de recomendación algorítmica.
Las medidas propuestas están directamente relacionadas con los riesgos detectados. La edad mínima y el consentimiento parental reducirán la exposición autónoma de los menores con menos capacidad para evaluar los riesgos; la verificación de la edad garantizará la eficacia de estos límites; los ajustes por defecto seguros reducirán la exposición y la interacción no deseadas; las limitaciones del diseño adictivo tratarán de evitar patrones de uso compulsivo; y los mecanismos para prevenir la captación de menores y la violencia digital abordarán riesgos específicos para la seguridad.
Este objetivo se persigue de forma coherente y sistemática mediante una combinación de medidas de acceso, protección de diseños y mitigación de riesgos. No existe una prohibición general del uso del entorno digital por parte de los menores, ya que se reconocen los beneficios educativos y sociales que conlleva un uso responsable.
Este enfoque también es coherente con las directrices de la Comisión Europea relativas al artículo 28 del Reglamento (UE) 2022/2065, que prevén medidas de protección desde el diseño, la mitigación de riesgos específicos para los menores y mecanismos eficaces de verificación de la edad.
9 ter. El artículo 69 de la Constitución de la República Portuguesa impone al Estado portugués la obligación de proteger a los menores de una manera especial. Es en este contexto en el que se enmarca este proyecto de Ley, cuyo objetivo es plasmar de forma concreta dicha protección en el ámbito digital.
Las medidas descritas pueden afectar a la prestación transfronteriza de servicios de la sociedad de la información en la medida en que se refieren a prestadores que ofrecen los servicios en cuestión a menores residentes en Portugal, con independencia del Estado en el que estén establecidos. Sin embargo, el régimen no establece ninguna distinción en función de la nacionalidad o el lugar de establecimiento del prestador de servicios, sino que se basa en criterios objetivos relacionados con la naturaleza del servicio, sus destinatarios y los riesgos que conlleva.
Si bien el marco jurídico vigente establece importantes obligaciones generales en materia de protección de los menores, no garantiza, por sí mismo, una respuesta adecuada al abanico de riesgos específicos detectados. En concreto, actualmente no existe en la legislación portuguesa un marco integral que combine una edad mínima para el acceso autónomo a los servicios en cuestión, el consentimiento de los padres, la verificación de la edad, una configuración predeterminada segura y restricciones específicas sobre las funciones que puedan fomentar el uso compulsivo por parte de los menores.
Se barajaron medidas menos restrictivas, concretamente iniciativas de alfabetización digital, información y formación para padres e hijos, herramientas voluntarias de control parental y mecanismos de autorregulación o corregulación. Estos instrumentos son pertinentes y complementarios, pero no pueden, por sí solos, garantizar un nivel de protección equivalente, especialmente en lo que se refiere a los servicios de uso generalizado, los sistemas de recomendación algorítmica, los mecanismos de diseño destinados a maximizar el tiempo de uso y la posibilidad de que los usuarios faciliten una edad inexacta.
Por lo tanto, la intervención se limita a lo estrictamente necesario para garantizar la eficacia de la protección. No existe ninguna prohibición general del acceso a internet ni a los servicios digitales. El proyecto de Ley permite el acceso a los jóvenes de entre 13 y 15 años, siempre que cuenten con el consentimiento expreso y verificado de sus padres; excluye de su ámbito de aplicación determinadas categorías de servicios; y diferencia las obligaciones en función de la naturaleza y el riesgo de los servicios contemplados.
Las medidas nacionales tienen, por tanto, por objeto complementar el marco europeo en los ámbitos que no están armonizados de manera específica, sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2065 y de las demás disposiciones del Derecho de la Unión.
9 quater. Las cargas derivadas de las medidas propuestas no son excesivas, teniendo en cuenta la importancia del objetivo de interés público que se persigue, la vulnerabilidad específica de los menores y la gravedad y probabilidad de los riesgos detectados.
El proyecto adopta un enfoque de intervención gradual y basado en el riesgo. En general, no impide la prestación de servicios digitales en el territorio portugués, ni impone requisitos diferentes en función del país de establecimiento del prestador. Estas obligaciones se aplicarán a los servicios cubiertos cuando sean accesibles a menores residentes en Portugal, y se determinarán en función de la edad, la naturaleza del servicio y el riesgo que entrañen.
La intensidad de la intervención en sí misma deberá ser diferenciada. Los menores de 13 años no podrán acceder a los servicios en cuestión, mientras que los de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años podrán hacerlo previo consentimiento expreso y verificado de los padres. En el caso de las cuentas de menores de 16 años, las medidas de protección predeterminadas se centran en aspectos directamente relacionados con los riesgos detectados, a saber: la privacidad de la cuenta, la visibilidad del perfil, las recomendaciones algorítmicas, las métricas sociales, la reproducción automática, el desplazamiento infinito, la ludificación y las notificaciones no esenciales.
Las cargas derivadas de la verificación de la edad también se ven mitigadas por los requisitos relativos a la minimización de datos, la interoperabilidad y la protección de la privacidad. El proyecto admite diferentes soluciones tecnológicas, entre las que se incluyen las credenciales digitales públicas o certificadas, los mecanismos interoperables con credenciales europeas y los sistemas de verificación de la edad que preservan la privacidad, incluidas las técnicas de conocimiento cero.
A la hora de sopesar los efectos sobre la prestación de servicios frente a las consecuencias de la falta de intervención, reviste especial importancia el posible impacto que tiene la exposición continuada de los menores en su salud mental, el sueño, el rendimiento escolar, la seguridad y el desarrollo. Teniendo en cuenta la naturaleza de los riesgos, la especial vulnerabilidad de las personas afectadas, el ámbito de aplicación material y personal del régimen y las garantías previstas, las cargas impuestas no exceden de lo necesario para garantizar el nivel de protección deseado.
10. Referencias a los textos de base:
11. No.
12.
13. No.
14. No
15. Sí
16.
Aspecto TBT: No
Aspecto SPS: No
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